Rev. salud
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Plaguicidas
usados en la Fumigación de Cultivos Ilícitos y Salud Humana:
¿una Cuestión de Ciencia o Política?
Alvaro Javier Hidrovo. Médico, Especialista en Higiene y Salud Ocupacional, M. Sc. Salud Pública, M. Sc. Salud Ambiental. Ph D (candidato) en Epidemiología. Instituto Nacional de Salud Pública. Cuernavaca, Morelos, México. E-mail: ajidrovo@espm.insp.mx; idrovoaj@hotmail.com
Recibido
5 Marzo 2004/Enviado para Modificación 4 Mayo 2004/Aprobado 29 Mayo 2004
RESUMEN
Objetivo Los potenciales efectos adversos sobre la salud humana por el uso de plaguicidas en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia es un tema controversial. Desde comienzos de la década de los 80 se han usado, en programas de erradicación o experimentalmente, los plaguicidas paraquat, triclopir, imazapir, glifosato y tebutiuron. El objetivo del estudio es identificar que aproximación razonable podría adoptar la salud pública acerca de esta problemática.
Métodos Se realizó un análisis cualitativo del contenido de los discursos de los actores sociales involucrados en este debate, con el fin de clasificarlos de acuerdo con las expectativas, o aproximación lega al riesgo, de Suppes. Los actores sociales fueron identificados mediante los documentos disponibles en medio físico o Internet; posteriormente, de éstos se seleccionaron y analizaron los textos ideales-típicos.
Resultados Las lesiones dérmicas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales y respiratorias fueron identificadas como las dolencias más frecuentes. El análisis de los discursos identifica a los grupos afectados como poblaciones vulnerables; los gobiernos colombiano y estadounidense presentan informes, basados en el “modelo médico”, que señalan no existir asociación entre la exposición a glifosato y salud humana; la guerrilla no señala una clara relación entre plaguicidas y efectos sobre la salud; la comunidad científica, nacional e internacional, critica el programa de erradicación con base en conceptos de la ecología y la Medicina Social Latinoamericana; los grupos ambientalistas critican cualquier uso de plaguicidas, y los defensores de derechos humanos señalan que las fumigaciones violan las leyes colombianas y estadounidenses.
Discusión Se concluye que las diferentes posturas son irreconciliables y que ninguna puede considerarse irrefutable. Una postura razonable para la salud pública es apoyar la adopción del principio de precaución.
Palabras Claves: Plaguicidas, intoxicación, ciencia, política de salud, Colombia (fuente:DECS, BIREME).
ABSTRACT
Pesticides used in the spraying of illicit crops and human health: An
issue of science or politics?
Objective The
potential adverse effects on human health associated with pesticides used in
the program of eradication of illicit crops in
Methods A
qualitative content analysis was carried out of the speeches of social actors involved
in this debate, to classify them according to Suppes’
expectations, or lay approach to risk. Social actors were identified by means
of available documents in hard copies or on the internet; afterwards, ideally
typical texts were selected and analysed.
Results Skin
lesions, conjunctivitis, and gastrointestinal and respiratory in-fections were identified as the most frequent illnesses.
The analysis of speeches identified the affected groups as vulnerable
populations. The Colombian and American governments present reports, based on
the “medical model”, which indicate no association between glyphosate exposure and human health. Guerrilla groups do
not show a clear relationship between pesticides and effects on health; the
national and international scientific communities criticize the eradication
program based on concepts from ecology and the Latin American Social Medicine;
environmentalist groups criticize any use of pesticides, and human right
defenders point out that sprayings violate Colombian and American laws.
Discussion In
conclusion the different positions are opposed and none can be considered
irrefutable. A rational position from the public health stand-point is to
support the adoption of the precaution principle.
Key Words:
Pesticides, poisoning, science, health policy,
n Colombia se cultiva marihuana desde la década de
los 60. Durante esta época no se usaron plaguicidas para su
erradicación, debido a la polémica en Estados Unidos de
América por el potencial efecto nocivo que traería a los
consumidores de marihuana la exposición a residuos de paraquat, tal como había sucedido en México
(1). Hacia 1980 ya se habían hecho ensayos experimentales con paraquat, pero sólo en 1984 se aprobó el uso
de plaguicidas para la erradicación de cultivos ilícitos. Sin
embargo, para evitar la controversia que ocasionaría el uso del paraquat se eligió al glifosato,
por su menor toxicidad (2). El uso de glifosato en la
costa atlántica colombiana suscitó protestas por parte de grupos
indígenas, campesinos y asociaciones científicas; pese a estas
críticas iniciales se siguió fumigando, logrando reducir las
áreas cultivadas. Ese aparente éxito no fue duradero, y en 1986
Colombia volvió a ser el primer país exportador de marihuana
hacia EUA, al trasladar las zonas de cultivo al suroriente
del país (2).
A finales de 1985 se decidió usar el
plaguicida Garlon 4® (ingrediente activo:
triclopir) para erradicar los cultivos de coca, pero
fue retirado debido a que se consideró peligroso y la
compañía productora rehusó proveerlo al gobierno
colombiano (1). Para aquella época el organismo gubernamental ambiental,
Inderena, informaba sobre efectos adversos en el
Parque Nacional Tairona, debidos al uso de glifosato (2). Pese a estas denuncias, desde co-mienzos de 1992 las
estrategias de fumigación con glifosato se
expandieron a los cultivos de amapola y, básicamente, son las mismas que
actualmente se siguen. La mezcla química usada en el presente tiene el
nombre comercial Roundup-Ultra®, y
está compuesta por glifosato, Cosmoflux 411F® (aceite mineral y surfactantes no ionizados con agentes de acoplamiento) y el
surfactante POEA (3). Hubo intentos de modificar la
estrategia con la inclusión del imazapir, y el
hongo Fusarium oxysporum;
sin embargo, ninguna de es-tas modificaciones fue incluida de manera permanente
(1,2). Múltiples críticas a este programa de cultivos
ilícitos han surgido debido a las características sin precedentes
de la fumigación, tales como: i) aplicación de grandes cantidades
de plaguicidas, ii) uso de mayores concentraciones
que las de las presentaciones comerciales para la agricultura y iii) ausencia de evaluación científica
completa de la mezcla usada; las críticas son variadas, e incluyen desde
la nocividad para el ambiente, hasta la puesta en duda de la legitimidad del
Estado colombiano.
De otro lado, los desarrollos en
sociología de la ciencia, análisis de políticas y
entendimiento lego de la ciencia y el riesgo, han permitido empezar a entender
las diferentes formas de racionalidad de científicos, tomadores de
decisiones y el público (4). Cuando estas racionalidades entran en
conflicto, como en el caso de los potenciales efectos por la fumigación
de los cultivos ilícitos en Colombia, su identificación en el
discurso de los actores sociales involucrados puede ser un paso importante para
construir acuerdos políticos. Ante esta situación, en este
artículo se hace un análisis preliminar de los discursos de los
actores sociales involucrados en esta controversia. Este análisis
pretende ser un aporte, desde las ciencias sociales, para que la salud
pública pueda adoptar una postura ante este complejo problema de salud
ambiental.
MÉTODOS
Existen evidencias de que los métodos
cualitativos, pese a no ser muy usa-dos en temas ambientales, pueden brindar
grandes aportes para comprender este tipo de problemas (5). En este estudio,
para cumplir con el objetivo planteado, se realizó una búsqueda
de textos disponibles, en medio físico o en la internet, que tuviesen relación con la controversia
de potenciales efectos asociados con el programa de erradicación de
cultivos ilícitos en Colombia. El análisis del contenido es una
forma utilizada por las ciencias sociales para estudiar la naturaleza, los
significados fundamentales, los procesos dinámicos y los actores
sociales involucrados en un proceso de comunicación (6)
En una primera aproximación se identificaron
los actores sociales y, luego, se seleccionaron los documentos que
podrían ser los textos ideales-típicos (7) de cada uno de
éstos grupos. Finalmente se realizó un análisis crítico
de los textos seleccionados, buscando su clasificación dentro de las expectativas
de Suppes (8). Esta clasificación identifica
cinco tipos de expectativas: i) basadas en un buen conocimiento inductivo de
frecuencias acepta-das; ii) basadas en un limitado
conocimiento inductivo de frecuencias aceptadas; iii)
cuando las frecuencias son cuestionadas; iv)
derivadas de otros modelos teóricos, y v) basadas en una mezcla de las
anteriores. Según este autor, mediante las expectativas se hace una
aproximación al riesgo, desde la forma subjetiva, o lega, de entender el
mundo de los diversos actores socia-les (8).
RESULTADOS
En la Tabla 1 se resumen las
características de los discursos de los actores sociales estudiados, y a
continuación se presentan las características más importantes
de cada uno de estos.
Los
supuestos efectos adversos: el discurso de los afectados
De acuerdo con numerosas fuentes
periodísticas, los directamente afecta-dos señalan
múltiples daños asociados con los plaguicidas usados en los
programas de erradicación. Los más descritos son dermatosis,
conjuntivitis e infecciones gastrointestinales y respiratorias (2,9,10). La característica más sobresaliente
del discurso de los afectados es la vulnerabilidad de esta población
(11); las tres coordenadas de vulnerabilidad de Chambers
(12) son evidentes: i) la exposición o el riesgo de ser expuesto a
situaciones de crisis: las fumigaciones aéreas; ii)
la incapacidad o el riesgo de no tener los recursos necesarios para afrontar
estas situaciones: la pobreza y la marginación, y iii)
la potencialidad o el riesgo de ser sujeto a consecuencias serias como resultado
de las crisis: los efectos adversos sobre la salud.
Tabla 1. Aproximaciones al riesgo de los
actores sociales involucrados en la fumigación de cultivos ilícitos
en Colombia, 2004
|
Tipo
de expectativas (clasificación de Suppes) |
Actores sociales |
|||||||
|
Gobierno colombiano |
Gobierno EUA |
Grupos guerrilleros |
Comunidad académica |
ONGs ambientalistas |
ONGs de derechos humanos* |
|||
|
Buen conocimiento inductivo |
X |
X |
|
X |
|
|
||
|
Limitado conocimiento inductivo |
X |
X |
|
X |
X |
X |
||
|
Frecuencias cuestionadas |
|
|
|
X |
X |
X |
||
|
Otros modelos teóricos |
|
|
X |
X |
X |
X |
||
ONGs: Organismos no gubernamentales; * Incluye a la Defensoría
del Pueblo.
Un estudio exploratorio realizado en la frontera
colombo-ecuatoriana en 2001, indica que toda la población, en los 5 Km alrededor de las zonas fumigadas, “se han
intoxicado con las fumigaciones…”, manteniéndose
síntomas crónicos como “afecciones neurológicas,
problemas de piel y conjuntivas” hasta después de tres meses de
haber ocurrido la fumigación (13). Posteriormente, otro estudio similar
incluyó a cuatro localidades ecuatorianas y dos colombianas; los
hallazgos fueron parecidos, aunque también se reportó una alta
ocurrencia de prurito, dermatitis y estrés. Además, en cuatro
individuos de la zona cercana a los lugares de fumigación se
observó un elevado número de linfocitos alterados en
análisis citogenéticos (14).
Al analizar estos estudios se observa que las
dolencias y hallazgos de laboratorio allí descritos son
inespecíficos, y podrían no indicar efectos asociados a los
plaguicidas del programa de erradicación. Las definiciones laxas
adoptadas pudieron ocasionar un registro exagerado de casos, al aumentar el
numerador manteniendo el denominador constante, de acuerdo con la con-veniencia de los resultados que se querían hallar
(15). Además, otros dos problemas metodológicos son evidentes en
estos estudios. El primero se relaciona con la comparación de
poblaciones para establecer causalidad (16,17). Para ello los investigadores
decidieron escoger como grupo de referencia a los ecuatorianos que viven
más lejos de la frontera con Colombia, sin mostrar evidencias que
señalen que las poblaciones son comparables. Para definir causalidad es
necesario que las poblaciones sean realmente comparables, de manera que las
diferencias observadas puedan ser atribuidas a la exposición en estudio
(16). El segundo problema es lo no acertado de establecer una relación
causal con un estudio de carácter descriptivo (18); el encontrar
diferencias estadísticamente significativas no indica una
relación causal, especialmente cuando no existe comparabilidad
de las poblaciones, lo que es habitual en los estudios observacionales,
en los que la asociación por definición se encuentra confundida
(16).
La postura oficial
Tanto el gobierno colombiano como el
estadounidense han tenido una postura similar. Debido al apoyo estadounidense
para combatir el narcotráfico gran parte de los informes del gobierno
colombiano se basan en los de funcionarios o agencias norteamericanas, o en
estudios realizados por colombianos con financiamiento norteamericano. El
“Estudio de las denuncias de daños a la salud relacionadas con la
erradicación aérea en Colombia” (19) realizado en un
municipio del departamento de Nariño, tuvo por objetivo examinar las
denuncias sobre efectos en la salud humana, para lo que se estudiaron los
registros de casos clínicos, y se revisaron los datos de vigilancia
epidemiológica. Los hallazgos indicaron que la mayoría de los
afectados eran menores de 14 años de edad, de sexo femenino, en mal
estado nutricional, y cuya principal queja eran las lesiones dérmicas.
Como conclusión se señala que “es improbable cualquier nexo
de causalidad entre la erradicación aérea con el herbicida glifosato y las afecciones dérmicas…”,
ya que estas lesiones eran de origen infeccioso y no pueden estar asociadas con
agentes químicos (19). Además, los registros epidemiológicos
indicaron que estas afecciones dérmicas se encontraban, desde bastante
tiempo atrás, entre las primeras causas de morbilidad en la
región.
Sin embargo, el informe que realmente sirve de
sustento a las acciones del programa de erradicación de cultivos
ilícitos es un estudio con la metodología de evaluación de
riesgos, realizado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los
EUA. Este trabajo es un extenso informe que incluye la descripción del
uso de glifosato en Colombia y los EUA, un resumen de
las propiedades del glifosato y sus diferentes
formulaciones, la evaluación del riesgo para la salud humana, una
revisión de los informes de incidentes con glifosato,
y la evaluación ambiental de este herbicida (20). Los resultados
más relevantes son que, aunque la formulación de glifosato usada en Colombia no es utilizada en EUA, no debe
haber inquietud por los efectos tóxicos del glifosato
sobre la salud humana, y que la información disponible es insuficiente
para definir con exactitud los efectos sobre el ecosistema.
Los informes anteriores se caracterizan por
basarse en el “modelo médico”, caracterizado por el
método científico positivista, que minimiza las
“condiciones basadas en síntomas” (21). El estudio y los
registros epidemiológicos son descriptivos, por lo que no pueden definir
o descartar relaciones de causalidad; su utilidad para intentar solucionar la
problemática es limitada. El informe de la EPA es un estudio
técnico con una metodología que frecuentemente se usa cuando se
requieren respuestas rápidas ante situaciones en las que no hay estudios
con rigor científico, y debe acompañarse de una fase posterior de
negociación política entre los diversos actores sociales
involucrados. Este último proceso aún no se ha realizado, y el
debate aquí descrito podría ser parte de esta negociación.
Sin embargo, lo más importante de señalar es que el uso de
evidencia científica para justificar el uso de plaguicidas no implica
necesariamente que sus conclusiones correspondan a la realidad. Infortunadamente
existen muchos ejemplos en los cuales por intereses económicos,
ideológicos, emocionales y/o políticos los aportes
científicos son usados para justificar algunas políticas cuando
los datos son una evidencia inadecuada. Un análisis sobre este tema
puede encontrarse en el artículo de Rosenstock
& Lee (22). ¿Esto está ocurriendo en el caso de los
plaguicidas usados en la erradicación de cultivos ilícitos en
Colombia? Posteriores estudios políticos y sociológicos
podrán ayudar a dar una respuesta al respecto.
La
aproximación de la guerrilla colombiana
En un comunicado a la opinión pública
del 8 de marzo de 2001, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), se puede entender parcialmente la forma en la que este grupo
guerrillero entiende la problemática. “Colombia,… necesita
resolver su tarea de erradicación de cultivos ilegales por la vía
de la persuasión y los acuerdos con las comunidades. Los planes
unilaterales de fumigación y de violencia tanto química como
biológica, lesionan el suelo patrio, nuestra dignidad nacional y solo
logran desplazar el problema. Son una agresión… contra el
equilibrio ecológico en tanto afectan irreversiblemente la vida humana,
animal y vegetal vale decir la biodiversidad, pilar de nuestro
futuro…” (23). Al analizar el discurso de la guerrilla se puede
observar que no es explícita en indicar cómo los plaguicidas
usados en la fumigación de cultivos ilícitos se relacionan con
los efectos sobre la salud. Más bien parece ser un discurso con
consignas que siguen los objetivos sociales y políticos de una
organización guerrillera inconforme con la organización
política del país, y con el tipo de relación que tiene
Colombia frente a los EUA.
Los
discursos de la comunidad científica
El sector académico también se ha
manifestado en contra del uso de plaguicidas en la erradicación de
cultivos ilícitos, aunque las posturas han sido muy divergentes. Entre
estos sobresalen dos grupos más o menos bien diferenciables;
por un lado se encuentran grupos con tendencia biologicista,
y por el otro, grupos que pretenden aproximaciones contextuales, con fuerte
arraigo con el movimiento de la Medicina Social Latinoamericana. Las posturas biologicistas se observan en el discurso de
académicos colombianos y extranjeros, incluyendo a profesores
universitarios estadounidenses. Por ejemplo, I. Perfecto y J. Vandermeer (24), afirman que el informe de la EPA no
proporciona una adecuada evaluación de los riesgos ambientales
plantea-dos por el uso del glifosato en el programa
de erradicación en Colombia. En su opinión, hay suficiente
evidencia científica sobre los productos químicos usados en la
fumigación aérea de coca, y que la forma de aplicación en
Colombia plantea riesgos sobre el ambiente, que deberían ser evaluados
antes de causar daños irreversibles.
Un ejemplo de las aproximaciones contextuales
puede verse en un texto de dos profesoras de la Universidad Nacional de
Colombia; ellas señalan que entre los problemas de mayor impacto
negativo para la salud de los colectivos se destacan: i) la falta de
provisión y alteraciones en el consumo y tipo de alimentos; ii) las condiciones de hacinamiento de toda aquella
población que continúa en las zonas de fumigación y a la
cual le han arrasado sus bienes; iii) las condiciones
de hacinamiento y sanitarias de los desplazados por las fumigaciones, y iv) las condiciones psicosociales:
Angustia, estrés, miedo, desolación, desintegración y
desarraigo social. En su escrito intentan explicar algunos procesos y
condiciones que podrían afectar la salud de los residentes en las zonas
fumigadas (25). Pese a sus interesantes planteamientos teóricos, en
ningún momento se señala un efecto directamente asociado con los
plaguicidas, y más bien usan el determinismo social propio de su
aproximación (26).
La aproximación ambientalista
Muchos grupos ambientalistas se han manifestado
en contra de la fumiga-ción de los cultivos
ilícitos con plaguicidas. Como ejemplo se puede citar el discurso de
Elsa Nivia de Rapalmira, en
la Conferencia “Las guerras en Colombia: Drogas, armas y
petróleo” en Davis, California. En
ésta se presentan algunos estudios toxicológicos del Roundup® en animales y humanos, y se señala que
puede existir una altísima absorción de Roundup
Ultra® debido a las propiedades de los surfactantes
(3). Esta es una revisión muy coherente, que utiliza diversas fuentes
científicas para justificar su postura de no uso de plaguicidas para el
control de cultivos ilícitos. Lo más interesante de este in-forme
es la forma como la autora, utilizando muchas fuentes, logra evidenciar que la
mezcla utilizada en Colombia aún no ha sido estudiada adecuadamente, y
señalar las limitaciones e incongruencias de los estudios
científicos sobre el tema. Los argumentos esbozados en los discursos
ambientalistas no son muy diferentes a los que se exponen en otros escenarios,
como en la agricultura, donde también se usan plaguicidas.
Discursos de los defensores de derechos humanos
Varios organismos no gubernamentales de derechos
humanos, así como la Defensoría del Pueblo, se han manifestado en
contra de las fumigaciones. Por ejemplo, en una carta enviada por varias
organizaciones al Secretario de Estado estadounidense Colin
Powell (27), se expone la preocupación por la
situación, y se argumenta que las fumigaciones violan las leyes
colombianas y están en contra del espíritu de las condiciones
legales aprobadas por el se-nado estadounidense. En su carta no se llega a
establecer nexos causales claros con los plaguicidas.
Los nexos entre salud y derechos humanos es un
tema de muy reciente interés en salud pública. Una de las
principales premisas es que las violaciones a los derechos humanos afectan la
salud humana, principalmente cuando son severas, generalizadas o prolongadas
(28), como es el caso de las fumigaciones de cultivos ilícitos. Sin
embargo, no hay en la actualidad un marco general que permita comprender las
relaciones entre el ambiente y la salud desde el punto de vista de los derechos
humanos, debido a que no hay consenso sobre el significado de ambiente limpio,
decente, saludable o seguro (28). Recientemente, algunos autores como Farmer & Gastineau (29)
indican que para entender estas relaciones es necesario verlas desde la
perspectiva de las disciplinas contextuales, y no simplemente desde el punto de
vista legal aferrado al Artículo 25 de la Declaración de los
Derechos Humanos. De esta manera las desigualdades sociales, basadas en
cualquier forma de discriminación, son “patologías del
poder” que participan en la determinación de las condiciones de salud.
Una postura unificada en contra de las
fumigaciones
En una carta enviada a Mary
Robinson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (31), por varias personas y grupos sociales se puede
tener una visión general integradora de quienes rechazan las
fumigaciones de cultivos ilícitos en Colombia. Allí, el problema
de los efectos adversos sobre la salud humana no es el fundamento de la
crítica; más bien éste radica en el atentado a los
derechos humanos de los residentes en las áreas fumigadas. De esta
manera la violación de estos derechos es la forma de enlace entre el
programa de erradicación de cultivos ilícitos y los efectos
adversos sobre la salud humana.
Es interesante notar que esta carta finaliza con
un llamado al principio de precaución (32), lo que significa que se
sugiere tomar medidas preventivas aun sin tener clara la relación
causa-efecto entre plaguicidas y salud. Esto requeriría, durante su
implantación, utilizar la metodología científica y
pro-mover el uso de la tecnología en un contexto de transparencia y
participación democrática. Como se puede inferir, esta
podría ser una de las opciones posibles para intentar solucionar esta
controversia, si se hace de una manera donde los diversos actores sociales
estén realmente involucrados.
DISCUSIÓN
Del análisis realizado queda claro que no
hay antecedentes en la forma de uso de los plaguicidas en los programas de
erradicación de cultivos ilícitos en Colombia. Las evidencias
aportadas por los gobiernos colombiano y estadounidense no son suficientes para
descartar relaciones causales y tomar de-cisiones, máxime cuando los
métodos científicos convencionales tienen limitaciones, por lo
que se requiere complementarlos con otras aproximaciones (32). De manera
similar, los otros actores tampoco muestran contundentemente que los
plaguicidas tengan efectos sobre la salud humana, y más bien se
vislumbra que, para formular este nexo causal, requieren de explicaciones
complejas e indirectas, íntimamente relacionadas con el contexto sociopolítico
en el que ocurre el debate.
En un debate como éste, ¿qué
papel puede tener la ciencia para intentar dirimirlo? Existe literatura
científica que puede servir como fundamento para tomar decisiones. Sin
embargo, debido a que los conocimientos de salud ambiental se originan
principalmente en los países desarrollados, su aporte para solucionar la
controversia puede verse como “importación de conocimiento”
(33). Por esto, algunos actores sociales podrían decidir aceptar o no
los argumentos científicos. Para complicar más el debate, algunos
analistas han comparado la situación descrita con lo ocurrido en la
guerra de Vietnam, cuando el ejército estadounidense usó el
Agente Naranja (9) como parte de su estrategia militar. Es decir, que las
fumigaciones son una forma de combatir a los grupos insurgentes, al provocar el
desplazamiento de las poblaciones que podrían de alguna manera colaborar
con la guerrilla (34). Allí también se presentaron controversias
respecto a los efectos sobre la salud (35), y se pudo evidenciar que el
“modelo médico” es incapaz de comprenderlo.
En conclusión, no se vislumbra una
solución a corto o mediano plazo de este problema. Los gobiernos
colombiano y estadounidense pretenden eliminar el contexto social del
análisis para centrarse en la relación glifosato
– efecto sobre la salud, mientras los críticos del programa de
erradicación tienen una postura ecológica y/o social en la que
todos los factores se encuentran asociados mediante complejas relaciones no
fácilmente identificables. Este último enfoque enfatiza la
determinación social de la enfermedad o interpreta la relación
plaguicida-efecto adverso, mediada por la
violación a los derechos humanos. Una posible solución es optar
por herbicidas menos tóxicos o usar agentes biológicos. Sin
embargo, la experiencia obtenida cuando se intentó usar el Fusarium oxysporum,
indica que esta propuesta no será aprobada por varios actores sociales.
Ante esto, una solución muy acorde con los
conceptos de la salud pública, podría ser el aceptar el principio
de precaución (32). De esta manera se podrían eliminar
completamente los efectos sobre la salud que han sido aso-ciados con el glifosato. Sin duda alguna cualquier decisión que
sobre esto se tome dependerá más de consideraciones políticas,
que del conocimiento y de las evidencias que pueda enseñar la ciencia
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