La Reforma de los Sistemas de Salud en Chile y Colombia:

Resultados y Balance

 

RAMÓN GRANADOS TORAÑO y  MARÍA C. GÓMEZ MONTOYA

 

RESUMEN

 

Para ubicar procesos de reforma de los sistemas de salud se consideran los factores sectoriales y extrasectoriales que les dieron origen. La política del Banco Mundial operó como un factor determinante y se puso en práctica en medio de procesos que acrecentaron la inequidad en América Latina. A par­tir de este marco general se examinan los modelos de Chile y de Colombia, y se plantean algunas de las enseñanzas que tienen estas experiencias para los demás países. 

 

Palabras claves: Reforma, sistemas de salud, Chile, Colombia, inequidad

 

ABSTRACT

Health System reform in Chile and Colombia: results and balance

 

In order to understand the health system reforms, factors inherent to the health sector as well as external factors that gave origin to them must be considered. The policy of the World Bank acted as a determining factor and was taken into practice in the middle of processes that increased the ine­qualities in Latin America. The models of Chile and Colombia are examined from this background and some of the lessons that can be drawn from these experiences for other countries are pointed out.

 

Key words: Reform, health systems, Chile, Colombia, inequality

 

 

A

 partir de la segunda mitad de los años ochenta, pero con mayor én­fasis en los noventa, se inició un proceso de reconfiguración de los sistemas de salud bajo la presión de un conjunto de factores extra­sectoriales y sectoriales, y bajo el influjo de la globalización de la política y la economía y la emergencia de nuevos actores en la esfera internacional de la toma de decisiones en salud. Este proceso de cambio estuvo marcado por la versión neoliberal de la política y del desarrollo económico y social. Sa­lud, por una multitud de factores, no pudo mantenerse al margen de estas concepciones.

 

Entre los factores extrasectoriales que determinaron la reforma de los siste­mas de salud se encontraron:

 

1.       La crisis del Estado de Bienestar y la emergencia de las concepciones polí­ticas neoliberales (1);

2.       La desregulación y minimización del rol conductor del Estado de los pro­cesos de desarrollo;

3.       La necesidad de contener la escalada de costos de los sistemas de salud como parte de la reducción de los gastos públicos de carácter social;

4.       La crisis de financiamiento de los esquemas de seguridad social por las modificaciones de las estructuras demográficas, con el consiguiente en­vejecimiento de la población;

5.       El desempleo creciente de amplias masas de población y la emergencia de la economía  terciaria en países industrializados y no industrializados;

6.       La emergencia del capitalismo basado en la información (2) y la necesi­dad de acomodar los sistemas de salud a los circuitos económicos, polí­ticos, tecnológicos y culturales hegemónicos;

7.       La desmovilización de la fuerza de presión de los movimientos sociales organizados, como efecto secundario a la transnacionalización de la eco­nomía y el comercio, y a los cambios políticos e ideológicos operados en la última década del siglo XX.

 

Entre los factores sectoriales se destacaron:

 

1.       La revolución tecnológica y la obsolescencia moral del equipamiento y la base material y técnica de los servicios de salud;

2.       La escalada de los costos de las funciones de producción para la atención de la salud;

3.       La revolución de las expectativas de la población con los sistemas y servi­cios de salud, que reclaman mayores oportunidades de elección y solución a sus problemas;

4.       La emergencia de grupos de presión sectoriales y extrasectoriales (am­bos nacionales y extranjeros, expresión estos últimos de la globalización del negocio de la salud) por lograr mayores cuotas de participación en el mercado de salud;

5.       La discusión acerca de la eficacia, eficiencia y equidad de los servicios de salud;

6.       El discurso neoclásico en salud y la debilidad del acomodo de las teorías y metodologías alternativas al mismo, para ofrecer respuestas adecuadas a las necesidades de transformación de los sistemas de salud contempo­ráneos;

7.       La hegemonía de los organismos internacionales de financiamiento y cré­dito, en la oferta de cooperación para el desarrollo de procesos de re­forma institucionales de ministerios de salud  e institutos de seguridad social.

 

Ante las presiones extrasectoriales y sectoriales enunciadas se inició el pro­ceso de reacomodo de los sistemas de salud a los cambios macro que se su­cedían en las sociedades latinoamericanas y a las reformas de los Estados nacionales. La lectura de los problemas se hizo a través de la visión política y económica del neoliberalismo que realizó una crítica profunda a los logros alcanzados por el Estado de Bienestar en relación con el desarrollo econó­mico y social, embate que arrastró a los sistemas de salud. El discurso neoli­beral en salud se tornó hegemónico y las agendas de cambio de los sistemas de salud, en prácticamente todos los países, adoptaron acríticamente las con­cepciones que sobre el particular emergieron de la Universidad de Harvard y del Banco Mundial.

 

Desde la macroeconomía emergió una presión enorme para reducir la parti­cipación pública dentro de los gastos nacionales de salud. Los gobiernos ne­cesitaron hacer uso de una proporción significativa del Producto Interno Bruto-PIB para pagar sus compromisos con la deuda externa, y los sectores sociales se convirtieron en una fuente de ahorro que les permitiera asumir esos pagos.

 

Las reformas de los sistemas de salud formaron parte de los programas de estabilización y ajuste estructural que recorrieron todo el continente, bajo el influjo del Fondo Monetario Internacional. Si bien en los discursos, en los años ochenta y noventa, prácticamente todos los países del continente adop­taron las concepciones y los discursos neoliberales en sus aplicaciones a sa­lud, sólo unos contados países de la región emprendieron reformas profun­das que llevaron a la práctica social esos conceptos. Algunos gobiernos  aplicaron la receta neoliberal de salud al pie de la letra, pero la mayoría no tuvieron el espacio político necesario para asumir los costos políticos de re­formas tan radicales.

 

Lo que parecía ser un modelo homogenizador encontró en las realidades na­cionales formas de expresión que lo alejaron bastante de las concepciones que sobre el particular los organismos de crédito y financiamiento impulsa­ban. Varios gobiernos de la región de las Américas sopesaron el peso polí­tico de envolver a sus sistemas de salud en procesos radicales de cambio y se limitaron a lo que se ha dado en llamar la “reforma silenciosa” que no es más que el vaciamiento de la capacidad política, técnica y operativa de las instituciones básicas de los sistemas de salud latinoamericanos, al disminuir los gastos recurrentes de estas instituciones o al no crecer al ritmo necesario para asumir el crecimiento vegetativo de la población, ni las necesidades de salud emergentes y reemergentes. Así mismo, la falta de capacidad para des­arrollar el rol de conducción, negociación y concertación correspondientes a los ministerios de salud, o  para promover la salud mediante políticas públi­cas saludables y saldar las deudas sociales y sanitarias existentes.

 

Otros gobiernos optaron por opciones de optimización y transformación de sus sistemas de salud teniendo en cuenta la especificidad de sus situacio­nes nacionales, su propia historia, el caudal de logros y éxitos acumulados, el rol de la salud dentro de sus procesos de desarrollo y de sus concepciones de los derechos humanos fundamentales, la igualdad en el acceso a los bene­ficios y la equidad en la protección frente a los riesgos, la solidaridad y la redistribu­ción de la riqueza nacional con justicia social (3). En tales casos los pasos para la reforma de los sistemas de salud han sido cautelosos, se ha puesto el énfasis en las necesidades emergentes de la salud de la población y no han primado las concepciones neoliberales, ni se ha hecho uso de las fuerzas del mercado en salud como elementos autorreguladores de los siste­mas y servi­cios de salud. La contribución de salud a la construcción de la democracia sustantiva ha sido un elemento determinante en la toma de deci­sión para ele­gir los cambios necesarios.

 

En los años en que hizo eclosión la reforma de las instituciones sectoria­les, desde la microeconomía se introdujeron en salud una serie de conceptos que reconfiguraron la visión de la atención en salud. Un documento del Banco Mundial, el Informe sobre el Desarrollo Mundial (4), publicado en 1993, fue dedicado a salud: Invertir en salud.  Los conceptos utilizados allí se convir­tieron en el substrato dominante para la negociación de créditos para el apoyo a la reforma de los sistemas de salud en el continente ameri­cano, y por tanto, con una buena dosis de oportunidad (dadas las condiciones inter­nacionales y nacionales de contexto apuntadas anteriormente),  alimen­taron la visión de la política de salud para nuestros países y nutrieron de argu­mentos técnicos a funcionarios foráneos y domésticos, en la década que re­cién culmina.

Las bases de sustentación del documento citado del Banco Mundial, que contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud-OMS (5) y de varias escuelas de salud pública y grupos de investigación prestigiosos de los países industrializados (6), fueron:

 

1.       Existe una asignación equivocada de recursos en los sistemas de salud, dedicándose una proporción de los mismos a intervenciones de escaso beneficio, en función de los costos.

2.       La inequidad, ineficiencia e ineficacia de los sistemas de salud actuales.

3.       La necesidad de utilizar adecuadamente los escasos recursos de los paí­ses en desarrollo mediante una estricta definición de las externalidades de las acciones de salud y la focalización del gasto público en los más pobres.

4.       La promoción de la competencia como factor de eficiencia y de amplia­ción de las oportunidades de elección por los usuarios de servicios de salud.

5.       La asunción de riesgos compartidos entre financiadores y prestadores de servicios.

6.       La separación de funciones de regulación, financiamiento, articulación y prestación de servicios de salud.

7.       El adecuado uso de recursos privados y de organizaciones no guberna­mentales  para la atención de la salud, restringiendo el campo de actua­ción de lo público a la satisfacción de bienes públicos y la generación de canastas básicas de atención con criterios de costo/beneficio.

8.       La recuperación de costos y establecimiento de cuotas moderadoras en el uso de los servicios de salud.

9.       La descentralización hacia niveles subnacionales y la privatización o ex­ternalización de servicios públicos.

10.   La subsidiaridad del Estado en Salud, es decir la responsabilidad primor­dial del individuo y las familias por su salud.

11.   La desideologización y despolitización de la salud pretendiendo darle un carácter neutralmente tecnocrático a los procesos de cambio en salud.

 

El modelo que sirvió de base a las concepciones en que se basó el dis­curso neoliberal en salud fue el de la competencia administrada (managed compe­tition) desarrollado en los Estados Unidos a partir de los años 70 (7).  Este modelo se experimentó en diferentes países europeos a partir de los ochenta. En los años noventa muchas de esas experiencias están bajo el em­bate de la crítica en Europa (8) y en Latinoamérica y el Caribe, aunque aún persisten quienes consideran que tales sistemas aún están por demostrar sus virtudes, en las condiciones de Latinoamérica y el Caribe.

 

EL CONTEXTO DE LOS SISTEMAS DE SALUD EN EL  AÑO 2000

 

Algunas estadísticas oficiales de las Naciones Unidas revelan que la situa­ción económica y social de los países latinoamericanos se hizo más inequi­tativa a partir de los años ochenta. En el decenio de 1980 el 10 % más rico de la población latinoamericana incrementó en un 10 % sus ingresos, mien­tas que el 10 % más pobre vio reducido sus ingresos en un 15 % (9). De otra parte, la participación del 20 % de los países más pobres del mundo en la ri­queza mundial, pasó del 2,3 % en 1960 al 1,1 % en 1997.

 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano de 1997 (9), el número de po­bres (medido a través del ingreso de dos dólares diarios) en América La­tina y el Caribe aumentó del 22 % de la población total en 1987 al 24 % en 1993, agrupando a una masa de 110 millones de personas. En ese mismo pe­ríodo, 42 millones de ciudadanos latinoamericanos clasificaba como adulto analfa­beto, 55 millones no tenían acceso a servicios de salud, 109 millones care­cían de acceso al agua potable, 5 millones de niños menores de cinco años se encontraban desnutridos, 190 madres por cada 100,000 nacidos vi­vos morían por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio y 36 millones de latinoamericanos no sobreviviría a la edad de 40 años. La po­breza de ingreso que había comenzado a disminuir desde los años 50 hasta los 70, aumentó a niveles mayores que los de 1970.

 

 

 

Mientras que los países industrializados están invirtiendo el 6,3 % del PNB como gasto público en salud, el conjunto de los países latinoamerica­nos sólo gastan el 2,5 % del PNB como gasto público en salud (9), en cifras de 1997 (Tabla 1).

 

De una serie de 20 países latinoamericanos estudiados, comparando los In­formes de Desarrollo Humano del PNUD de 1997 y 1999, solo 11 de ellos aumentaron la participación del gasto público como proporción del PNB. El resto tuvieron disminuciones en la participación pública dentro de los gastos nacionales de salud. De otra parte, entre 1960 y 1991, los países industriali­zados aumentaron el gasto en salud como proporción del PBI de 4,5 a 9,7 y del gasto en salud sólo el 33,6 %  correspondió a gasto privado.

 

Si bien es indispensable incrementar la eficiencia de los sistemas de salud latinoamericanos es impensable que se pueda superar las barreras de acceso a servicios de salud e impactar la situación de salud de los países de la Re­gión, así como disminuir las brechas sin aumentar el gasto público en salud (10). El Informe de la Salud Mundial de 1999, publicado por la OMS, reco­noce que si las proporciones de gasto publico en salud invertidas por los paí­ses  en vías de desarrollo no se incrementan, será imposible romper el cír­culo de la pobreza y mejorar el estado de salud de las poblaciones de estos países (11).

 

Esta misma fuente plantea que muchos países en desarrollo han conce­bido el gasto en salud como un gasto improductivo y han hecho todos los es­fuerzos posibles por reducirlo, lo cual ha sido una perspectiva dominante de los mi­nisterios de finanzas. La OMS sugiere que si bien no es recomendable, desde el punto de vista de eficiencia macroeconómica, que los países invier­tan más del 9 % del PIB en salud, no puede pretenderse que con inversiones del 2 % del PIB se pueda lograr alcanzar coberturas mínimas de servicios de salud para toda la población (11).

 

En este contexto los pocos procesos serios de transformación de los sis­temas de salud, iniciados al calor de las modificaciones políticas y económi­cas de los años ochenta y noventa, no han sido rigurosamente evaluados en su ca­pacidad de provocar cambios significativos en el mejoramiento del des­em­peño de los sistemas de salud latinoamericanos, en la disminución de bre­chas en el acceso a servicios de salud, ni por el impacto logrado en la situa­ción de salud y en la reducción de diferenciales entre distintos grupos socia­les. Algunos estudios sobre realidades europeas y latinoamericanas apuntan a reconsiderar algunas dimensiones claves del modelo neoliberal en salud, como veremos más adelante. Pero más allá de estas consideraciones no se ha hecho la evaluación de la contribución que tales experiencias han hecho a la estabilidad y legitimidad de proyectos de gobierno, a la construcción de ciu­dadanía, a la cohesión social, a la profundización de la democracia sustan­tiva, a la redistribución de la riqueza social, la solidaridad, la justicia social y la disminución de la pobreza y el incremento de la equidad social en nues­tros países.

 

Hay que reconocer que, a pesar de los discursos, una buena cantidad de paí­ses, no han puesto énfasis real en estas transformaciones y bajo un manto de reforma han encontrado las vías para acceder a dinero de créditos y de co­operación internacional no reembolsable, sin tocar apenas los temas de fondo de los sistemas de salud. Ello ha significado, de hecho, que no se ha logrado que estas transformaciones mejoren la redistribución social de los beneficios del desarrollo para todo esa masa enorme de marginados, exclui­dos y víctimas de los modelos de desarrollo exclusivistas latinoamericanos.

 

La realidad de las reformas de los sistemas de salud latinoamericanos, ha estado más vinculada a los grupos de interés beneficiarios de esos discursos y de los recursos movilizados en su nombre (grupos técnicos ejecutores de proyectos de reforma, firmas consultoras beneficiadas con proyectos, grupos económicos involucrados en el negocio de la salud, intereses políticos y eco­nómicos extrasectoriales, grupos académicos que desarrollan experiencias de campo y otros) que a los intereses y necesidades de salud de la población que debía ser impactada mediante el mejoramiento de las condiciones y mo­dos de vida reales.

 

LA CONFUSIÓN DE LOS TÉRMINOS

 

Uno de los primeros temas que ha llamado la atención de los salubristas es el de definir qué es la reforma. Ello más que un tema semántico es un problema de fondo, ya que en ocasiones se confunde atención de la salud, con atención a las enfermedades, el término más impreciso de cuidados de salud o el más abarcativo de promoción de la salud. Todo ello tiene implicaciones impor­tantes para el contenido y la extensión del concepto y para los esfuerzos de transformación de los sistemas de salud que se impulsen.

 

Si cuando nos referimos a la reforma de los sistemas de salud puede haber tantas connotaciones diferentes y procesos de transformación disími­les, ello significa que el tema que abordamos no puede encasillarse en con­ceptos úni­cos y bien delimitados. ¿Qué es la reforma, entonces?

                                                          

La reforma, en distintos países y contextos, puede ser adjudicada a al­guno o varios de los ejes de transformación siguientes, que evidentemente son dife­rentes y algunos de ellos antagónicos:

 

1.        La expresión en salud del ajuste estructural de las economías que pone a tono a las instituciones sectoriales, con las exigencias macro políticas y macroeconómicas;

2.        Una propuesta financiera en Salud, que enfatiza el costo/beneficio de las acciones, las canastas básicas de servicios de atención, la focalización de la atención pública en los pobres, y la recuperación de costos, me­diante el cobro de servicios a todo el que pueda pagar;

3.        El recorte de la misión social coincidente con una nueva concepción del contrato social en salud;

4.        El replanteamiento crítico de las bases teóricas y metodológicas de las intervenciones en salud (sectoriales, extrasectoriales e intersectoriales);

5.        La reestructuración administrativa y la desburocratización;

6.        La producción social de la salud y la democracia participativa en Salud.

 

A pesar de todo lo anterior, la reforma a veces y en determinados con­textos, se ha reducido al discurso político público y a las gestiones de apoyo inter­nacional para salud, bajo compromisos de transformación de las institu­cio­nes fundamentales de salud, que sin embargo no conducen la voluntad polí­tica hacia decisiones reales de cambio y permiten seguir haciendo lo mismo de “antes”.

 

En fin, vista de otra manera, la reforma puede  ser institucional, sectorial o implicar una concepción más amplia de sistema de salud (Figura 1). Así mismo, la reforma puede (12):

 

·         restringirse a cambios institucionales,

·         extenderse a todo el sector de la salud, involucrando a prestadores, forma­dores de recursos humanos e institutos de investigación y desarro­llo de tecnología de la salud e, incluso,

·         involucrar a acciones de políticas públicas saludables, gerencia social de la salud, mejoramiento de condiciones, estilos y modos de vida de la po­blación en una visión de producción social de la salud, consecuentes con la democracia participativa.

 

Según la OMS, “el sistema de salud se puede definir como el conjunto de todas las organizaciones, instituciones y recursos dedicados a la actividad sanitaria. Una actividad sanitaria se define como todo esfuerzo desplegado en el ámbito de los servicios de salud personales o de los servicios de salud pública, o bien en el desempeño de una actividad intersectorial, con el pro­pósito de mejorar la salud humana” (13).

 

Figura 1. Niveles de Reforma

 

 

 

 

¿Por qué tales disquisiciones son importantes? Estudios bien sustentados (14) han demostrado que del total de gastos nacionales de salud, el 90 % se invierten en servicios de salud que sólo logran impactar en un 11 % la mor­talidad de la población. Se invierten sólo 1,5 % en estilos de vida que logra­rían un impacto de un 43 % de la mortalidad prevalente, 1,6 % en el entorno que impactaría el 19 % de la mortalidad y solo 7 % en investigaciones bio­médicas que lograrían un descenso de un 27 % de mortalidad (Figura 2).

 

Estudios más recientes también apuntan en este sentido que es universal­mente aceptado desde los trabajos de los padres de la medicina social euro­pea de los siglos XVIII y XIX (15). Daniels en este mismo trabajo plantea que, aún más sorprendente que la relación entre pobreza, inequidades y sa­lud, es que el acceso universal a servicios de salud no necesariamente rompe la relación entre estrato social y salud de la población.

 

Alejados de estas argumentaciones y realidades veamos algunas lecciones y resultados del modelo aplicado en Latinoamérica y otras latitudes.

 

 

Figura 2. Contribución a la reducción de las muertes

 

                                                                         Fuente: Dever GEA

 

 

CHILE Y COLOMBIA: ALGUNAS LECCIONES PARA

 AMÉRICA LATINA

 

En los años transcurridos y a pesar de que no se han efectuado esfuerzos ofi­ciales rigurosos por evaluar procesos y resultados de las reformas de los sis­temas de salud, se van perfilando escenarios que fueron previstos desde los años noventa y que sugerían algunas dificultades políticas, económicas, téc­nicas, éticas y de impacto que el neoliberalismo en salud enfrentaría, si de equidad,  participación social y empoderamiento, eficacia y avance hacia la Salud para Todos se trataba. Pero una dificultad macro y microeconómica ha estado en que el esquema no ha logrado resultados en la reducción de la es­calada de costos ni ha incrementado la eficiencia social de los sistemas de salud latinoamericanos.

 

Algunos resultados palpables ya pueden visualizarse acerca del neolibe­ralismo en salud.

 

En los últimos años se han exhibido dos paradigmas del modelo neolibe­ral en salud en Latinoamérica y el Caribe: Chile  y Colombia. Como vere­mos, ambos, están en vías de modificar las tendencias iniciales de sus “re­formas”, y en el caso chileno, las modificaciones sufridas a lo largo de sus veinte años de existencia, lo alejan bastante de la concepción neoliberal pura y clásica, así como de las ideas que las instituciones financieras internacio­nales han tenido sobre estos temas; ello no quiere decir que las bases de sustentación del sistema chileno no se mantengan incólumes sino que los ajustes que se han generado en la marcha, apuntan a cuestionar algunos de los principios neoliberales del mismo. Lo mismo puede decirse de Colombia que, reajuste tras reajuste, se ha ido alejando de la ortodoxia neoliberal ini­cial,  muy a pesar de lo cual no ha podido cumplir (ni es previsible que pueda hacerlo en las complejas circunstancias actuales) con las metas que la reforma se planteaba para los albores del nuevo milenio.

 

En Chile que impulsó como parte de sus reformas políticas la desregula­ción y la privatización del sector salud, las ISAPRES (Institutos de Salud Previsionales) cubren el 35 % de la población y consumen el 50 % del gasto nacional en salud. El 65 % de la población restante es asumida por el FO­NASA (Fondo Nacional de Salud) con el 50 % de los fondos (16). Esto es una evidencia de las inequidades en el financiamiento, y por tanto de las po­sibilidades de acceso de la población a la tecnología en salud, del sistema de salud chileno.

 

Otros autores chilenos plantean que es el principio de la solidaridad del sistema de salud chileno el que más tangencialmente ha sido tocado por el nuevo régimen de salud (17). Se sostiene que, “..en efecto, no puede ser so­lidario un régimen en dónde la protección de la salud depende primordial­mente del monto de cotización que se entregue y que, en caso de la cesantía, la persona y su grupo familiar deban necesariamente dejar el sistema privado elegido y retornar al sistema público” (17).  Ello explica que existan grupos de población que se atienden en las ISAPRES mientras tienen buena salud y poseen los recursos para pagar las correspondientes primas, y que cuando enferman seriamente o entran a la tercera edad, no pueden mantener los costos de las contribuciones y tienen que recurrir al FONASA para su aten­ción.

 

Otro principio que es parte de la esencia de la Seguridad Social es la es­tabilidad, ya que el afiliado está cotizando en su etapa laboral activa con el fin de que en su edad de descanso pueda disfrutar de ingresos relativamente iguales a los de su etapa de trabajo. En materia de salud ocurre igual: cotiza mientras está sano con el fin de tener acceso a beneficios de salud cuando enferme. El sistema de salud chileno adolece, en las circunstancias actuales, de estos principios ya que ninguno de ellos está asegurado a los afiliados (17), desde el momento en que la pertenencia a uno de los dos subsistemas (privado o público) difiere no solamente en el número de prestaciones que son otorgadas, sino también en la suficiencia y la calidad de las mismas.

 

Asimismo, este modelo ha generado una serie de señales de selección ad­versa que políticamente han preocupado al gobierno chileno que se ha lan­zado a “re regular” lo desregulado.  Esto ha dado lugar a que exista un sis­tema estratificado de acceso a paquetes de beneficios de acuerdo a la capaci­dad de pago de los afiliados. Entonces como plantea Daniels (18) “si se acepta que haya estratos más altos, estos imponen otros desafíos al sistema: ¿tendrán estos planes un efecto nocivo sobre el sistema en términos de atraer a los mejores proveedores y dejar el resto del sistema con una red de servi­cios de menor calidad? ¿Ejercerán estos planes presión en la sociedad por lograr un derecho igual, obligando a los planes de los estratos inferiores a parecerse a los del estrato superior?”. Según el mismo autor existen dos tipos de sistemas estratificados: el primero, en que una gran proporción de pobla­ción accede a servicios de salud en general buenos, y otra proporción menor tienen acceso a planes complementarios mucho mejores; el segundo, en que una proporción minoritaria accede a servicios bastante buenos y la mayoría a servicios y planes de salud de muy pobre cobertura y baja calidad.

 

En relación con los resultados de la municipalización para el sector pú­blico, se produjo una ruptura de la integralidad y la continuidad de la aten­ción, y la separación de los niveles primario, secundario y terciario, lo cual ha implicado la ineficiencia económica, técnica y social de los servicios de salud, un deterioro de la calidad de la atención y una precarización del sen­tido de pertenencia del personal al sistema (19). El modelo de mercados re­gulados ha privilegiado a la competencia de establecimientos de salud aisla­dos, y no a la cooperación entre los mismos en una red. Se desvirtúan las es­trategias de ataque en las redes de servicios, las cuales no son propiedad de establecimientos aislados, niveles de atención o escalones de complejidad, sino de la totalidad de la red; por ello, la continuidad y la atención progre­siva a los problemas de salud se fragmenta y disuelve.

 

En el sistema de salud mixto chileno, que en los años de la dictadura mi­litar produjo profundos cambios de modelos económicos, financieros, so­ciales y organizativos, bajo el argumento de la ineficiencia estatal, se han tomado decisiones adecuadas con el fin de invertir fondos estatales en el subsistema público que han redundado en el impacto que muestra Chile en sus indicadores de salud (19). El dinero invertido se tradujo en años de vida, en incubadoras, en máquinas de anestesia, en residencias médicas de obste­tricia y ginecología, de neonatología, etc., y en ese sentido “las estadísticas demuestran que la disminución de la mortalidad infantil la hizo efectiva el sector público. Sin duda alguna” (19). Ello apunta en el sentido de que la famosa ineficiencia del sector público es en ocasiones una ficción, más que una realidad. Hay una lección adicional y es que Chile, con inteligencia y creatividad, ha sido capaz de dar algunos pasos adecuados para compensar y complementar los vacíos generados por el modelo que ha tenido los aspectos negativos señalados. Así por ejemplo pretende modular desde el Estado a la competencia regulada,  ya que ha sido obvio que no existe igualdad de con­diciones entre los proveedores y aseguradores públicos y privados, por lo cual se requieren acciones potentes de rectoría y modulación por parte del Estado (pluralismo estructurado) (20), con el objetivo de mantener y mejorar los indicadores de salud que Chile ha alcanzado, a pesar de la inequidad ma­nifiesta de su sistema. Más allá de la ineficiencia supuesta o real del sector público, el caso al que hacemos alusión demuestra la efectividad social de lo público para lograr algunas metas.

 

En Colombia, el énfasis fue puesto en el aseguramiento y la provisión de servicios de un programa obligatorio de salud (POS) para los afiliados en dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, que supuestamente alcanza­rían la cobertura universal en el 2001 e igualarían los beneficios entre el pro­grama para población con capacidad de pago y el dirigido a los pobres. A siete años de la promulgación de la Ley 100, por la cual se establece el Sis­tema General de Seguridad Social en Salud, según Herrera, “el régimen sub­sidiado se ha terminado por configurar como un programa diferencial y dis­criminatorio de acceso a servicios (para pobres), mediante la asignación de subsidios, sin adaptación cultural ni práctica del modelo de aseguramiento y en donde el usuario ha sido desplazado por los intereses de rentabilidad eco­nómica y por la política de los demás actores” (21). El otro paquete de bene­ficios de carácter colectivo a bienes públicos con externalidades positivas y negativas quedó asumido por el Plan de Atención Básica (PAB); pero, en los hechos, se deterioraron las acciones de promoción y prevención, la partici­pación social en salud, la vigilancia epidemiológica y el desarrollo de los re­cursos humanos en salud (22). La rectoría del Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria nacional, se vio reducida en el período que corre desde 1993 hasta la fecha. En un esfuerzo por retomar la autoridad sanitaria en el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública, el Ministerio de Salud se ha enfrascado actualmente en la gestión del Proyecto de Ley 156 de 1999 para la “Protección de la Salud Pública” (23).

 

Uno de los problemas del sistema de salud colombiano está relacionado con el proceso inconcluso de descentralización iniciado en 1990, con la Ley 10, reforzado en 1993 con la Ley 60 y que en más de diez años solo involu­cra al 30 % de los municipios del país, de los cuales sólo el 50 % tiene capa­cidad para administrar la salud en el nivel local (24). De hecho la descentra­lización hacia las entidades territoriales y de los establecimientos de salud (autonomía de las Empresas Sociales del Estado), sin un fortalecimiento del rol conductor y rector del Ministerio de Salud y de su capacidad como auto­ridad sanitaria, ha significado para cada uno de los innumerables actores del sistema una inusitada libertad de actuación, sin petición ni rendición de cuentas, en las cuales la salud de la población no ha sido lo más importante sino otro tipo de consideraciones políticas y económico financieras, así como decisiones coyunturales regionales y locales, todas ellas alejadas de la salud, sin que la población ejerza sobre las mismas control social. Las auto­ridades nacionales de salud han perdido poder político, técnico y operativo para conducir, vigilar, controlar, cuestionar y sancionar, a los niveles inter­medios y locales. De tal manera muchas decisiones autónomas de las empre­sas sociales del Estado o de los entes territoriales, que podrían ser cuestiona­bles por razones políticas o técnicas, no pueden ser revertidas, dadas las ca­racterísticas del modelo.

 

Otro tema problemático del Sistema General de Seguridad Social en Sa­lud está dado por la evasión de los aportes obligatorios, lo cual ha puesto en riesgo la estabilidad financiera del sistema (25) y la universalidad de las co­berturas al conspirar contra la solidaridad que permitiría subsidiar a los po­bres. Las aseguradoras no han encontrado incentivos adicionales a sus utili­dades actuales para enfrentar este problema. La solución encontrada es au­mentar los controles y por ende los costos administrativos del sistema, lo cual tiene sus límites en la ley de los rendimientos marginales decrecientes (26). Pero la viabilidad financiera del sistema no solo ha estado en juego por la evasión y elusión de aportes sino por las condiciones del desempeño eco­nómico del país. El modelo se suponía que funcionaría con un ritmo de cre­cimiento económico del 5 %, en que disminuiría el desempleo y el empleo informal y las realidades ha desmentido esa proyección.

 

Un asunto muy crítico es la situación hospitalaria. El modelo concibió al sistema de servicios de salud mediante la competencia regulada entre asegu­radores y proveedores, públicos y privados. En el caso de los hospitales pú­blicos éstos debían transformarse en “empresas sociales del estado” y com­petir como empresas privadas por clientelas y recursos para mantenerse en el mercado. Se partía de la concepción de compartir el riesgo financiero entre las aseguradoras y los prestadores de servicios, lo cual, en los hechos, signi­ficó pasarle todo el riesgo a los hospitales y lanzarlos a la quiebra (en algu­nos casos), o a una febril búsqueda de recursos, mediante la facturación de cuanto servicio individual o de salud colectiva se produce, con consecuen­cias nefastas para la misión social de la institución hospitalaria y para la mo­ral y el compromiso de su personal. El efecto que la reforma ha tenido sobre los trabajadores de salud y sobre las relaciones equipo de salud-comunidad, así como sobre los modelos de atención a la salud, es un tema bajo debate y estudio (27).

 

Varios grupos académicos de Colombia han sometido a análisis  la Ley 100 de 1993. Uno de ellos que conformó grupos de trabajo de diferentes ten­dencias políticas, ideológicas y concepciones técnicas y metodológicas acerca de la reforma de los sistemas de salud, fue el que se impulsó por la Academia Nacional de Medicina de Colombia (28).

 

Según la Academia Nacional de Medicina, la reforma que en sus princi­pios reconoció un importante principio de equidad social,  ha llevado al con­sumo de los nuevos y cuantiosos recursos en un costoso mecanismo de in­termediación guiado por el afán de utilidades corporativas, lo cual ha  con­tribuido significativamente a  la quiebra de las instituciones  que prestan los servicios, especialmente de los hospitales públicos. Asimismo este proceso puso en marcha una riesgosa reconceptualización de la moral social (29). Textualmente dice la Academia (28) que se “ha sometido la práctica de la medicina a una argumentación económica que somete el acto médico a la in­fraestructura de la industria y al poder del mercadeo y que convierte al mé­dico  en un operario medianamente calificado para el cumplimiento de una jornada laboral”. Continúa la misma fuente, “en esencia es  la conversión de la medicina, que como disciplina intelectual es una profesión de compromiso social en un oficio que, al disminuir costos, resulte en mayores márgenes de utilidad para las entidades intermediarias”.

 

En relación con los cambios operados en la relación médico paciente, la Academia señala que se ha transformado la conversión del paciente en usua­rio, concebido como cliente y consumidor de un producto industrial, conti­nuando que “la responsabilidad social del Estado es delegada a entidades comercializadoras, con lo cual  las empresas suplantan la gobernación polí­tica, y el concepto del rendimiento industrial aplasta a la milenaria moral hipocrática”. Los efectos que la crisis ha tenido sobre los servicios de salud han llevado a “cuestionar la responsabilidad moral de las entidades de inter­mediación creadas por la Ley 100 de 1993, cuyas normas de conducta admi­nistrativa exhiben fallas que, en algunos casos, ya han resultado en acusa­ciones formales. Esto demuestra una alarmante ausencia de la autoridad del Estado y una inadmisible falla en los mecanismos de control, pero también un defecto en la estructura misma del nuevo sistema”.

 

En síntesis, la Academia Nacional de Medicina (28) llega a las siguientes conclusiones:

 

1.       No se tuvieron en cuenta las notables diferencias regionales de Colom­bia,

2.       No se desarrollaron mecanismos efectivos de control,

3.       No existen sistemas de información seguros y confiables y hay un compro­bable deterioro de los existentes con anterioridad.

4.       Existe incapacidad administrativa y falta de seguimiento y control en el sistema, concomitante con falta de educación de los usuarios.

5.       Los derechos del usuario han sido definidos en cuanto a sus relaciones con las IPS (instituciones prestadoras de servicios),  pero no en sus  rela­ciones con  las  EPS (entidades promotoras de salud) y  ARS (adminis­tradoras del régimen subsidiado), es decir con los intermedia­rios/aseguradores.

6.       Se implantó la figura del intermediario / asegurador con fines de lucro, con­virtiendo la salud en un bien de mercado.

7.       Se incrementaron los recursos del sistema (a expensas de gasto privado) en forma significativa, pero paradójicamente hoy se observa una pro­funda crisis en el sistema, de la cual se inculpa en gran parte al Estado y a los mecanismos de intermediación.

8.       Deterioro de la calidad de la atención, del profesionalismo y del capital intelectual del sistema, con el consiguiente detrimento del acto médico.

9.       En cuanto a los recursos del sistema se encontró:

·         Una parte significativa fue consumida por la burocracia administrativa y las utilidades de la intermediación;

·         Los recursos no fluyeron en forma rápida y eficiente debido a las múlti­ples instancias interpuestas en el sistema que incrementaron las trabas de tipo administrativo y las oportunidades de corrupción;

·         Se hicieron pagos indebidos por afiliación múltiple dentro del régimen subsidiado y en ocasiones concomitantes con el régimen contributivo. Similar situación anómala se observa en el régimen contributivo;

·         Se registra el uso de utilidades del régimen subsidiado para cubrir las pér­didas del régimen contributivo;

10.   Deterioro de la salud pública y la vigilancia epidemiológica al desinte­grar la atención y las fuentes de financiación de la misma;

 

Se ha planteado (30) que la intermediación en Latinoamérica y el Caribe (con el objeto de promover la competencia administrada de los terceros pa­gadores y de incrementar la eficiencia al compartir el riesgo entre proveedo­res y aseguradores) ha generado una enorme ineficiencia social, de tal ma­nera que en algunos contextos aunque se ha logrado movilizar mayores re­cursos financieros a través de la afiliación de más población, ello no se ha traducido en servicios de salud ni en mejoramiento de los niveles de salud de la población.